Una de las más graves falencias detectadas con motivo de la introducción y puesta en marcha de un sistema procesal penal de tendencia acusatoria en los diversos países de Latinoamérica es, sin duda, la carencia de auténticos cuerpos de Policía Judicial idóneos, técnicos, preparados y unificados que – con la tutela del órgano correspondiente– adelanten la investigación desde la fase previa y la conduzcan a buen puerto, de tal manera que, con estricto apego a los principios del Estado de Derecho democrático, sea posible perseguir y juzgar aquellos atentados punibles que más daño y zozobra causan a la convivencia y al orden sociales.