Es una obligación que impone el estado a los profesionistas y empresarios, la de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo, derivado de los convenios internacionales que México tiene firmados, principalmente con el grupo de Accion Financiera internacional; entre los sujetos obligados se encuentra la prestación de servicios de comercio exterior como agente y apoderado aduanal que promuevan por cuenta ajena.