Desde fines del siglo pasado, una tormenta de ley y orden ha transformado el debate y las políticas públicas sobre el delito y el castigo de una manera que ningún observador de la escena penal podría haber previsto anteriormente. Los gobiernos se rinden a la tentación de apoyarse en la policía, los tribunales y la prisión para refrenar los desórdenes generados por el desempleo masivo, la generalización del trabajo asalariado precario y el hundimiento de la protección social.