El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece un proceso sostenido en principios, que debe dejar atrás la aplicación taxativa y rigorista de la legislación, donde la persona juzgadora deja de ser sólo el director procesal para tomar un rol activo en la tutela de derechos. En materia familiar, el proceso se vuelve inquisitivo y en algunos casos, oficioso.