Con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 se implementó un sistema penal de corte acusatorio y garantista, que sigue la línea imperante en casi todos los países de América Latina, y el Estado mexicano obligado ?en cierta parte? por diversos organismos internacionales, al tener hasta antes de dicha reforma un sistema que los operadores aplicaban con claras violaciones a derechos humanos, como lo era el sistema de corte inquisitivo...