En agosto de 1982 –como resultado de una larga y compleja red de sucesos económicos–, México enfrentaba una nueva devaluación; la fuga de capitales continuaba; el Banco de México no disponía de suficientes reservas para hacer frente a sus compromisos más urgentes; la banca extranjera decidió suspender sus créditos a nuestro país; el gobierno estadunidense imponía condiciones especialmente duras a una venta anticipada de petróleo; se iniciaban las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional; el clima político se volvía cada vez más tenso. En estas condiciones, la opción de nacionalizar la banca privada fue cobrando fuerza. En realidad, el fracaso evidente de la política financiera adoptada para detener el deterioro de la situación económica de México contribuyó a fortalecer los argumentos a favor de la nacionalización de la banca. Sin embargo, todavía a mediados del mes de agosto la decisión no había sido tomada. Se estudiaron especialmente las probables reacciones del gobierno estadunidense, de la banca comercial extranjera, de los empresarios, de los usuarios y trabajadores del servicio bancario. Por otra parte, había muchas razones para pensar que los sucesos del año anterior configuraban, en el fondo, una confrontación muy seria entre el Estado mexicano y su institución fundamental: la presidencia de la República, y la iniciativa privada, encabezada por los banqueros. Todas estas consideraciones fueron las que más contribuyeron a que se tomaran las históricas decisiones del primero de septiembre de 1982. Lo que se busca con este libro es contribuir al análisis de la nacionalización de la banca, con el testimonio de un actor parcial y beligerante.