Este libro ha alcanzado su tercera edición, lo que ha provocado que desde su inicio y hasta este momento hayan sido modificados sus páginas y contenido, en razón de las modificaciones y proceso de evolución que ha vivido la materia procesal penal desde el año 2012 a la fecha, pues la obra ha transitado desde una perspectiva local del sistema acusatorio en el estado de Durango, hasta su consolidación mediante la publicación y vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales y sus distintas reformas. En efecto, la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 estableció en nuestro país una nueva forma de procurar e impartir justicia, misma que a diez años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación se muestra como uno de los más grandes cambios que en su historia ha vivido el sistema jurídico mexicano y que, sin lugar a dudas, en unión con la reforma, que en materia de derechos humanos se verificó el pasado 10 de junio de 2011, y con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de marzo de 2014, han caracterizado la décima época de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Ha sido un tema constantemente debatido dentro de la reforma en materia de seguridad y justicia en comento, la fortaleza o debilidad que puedan mostrar los sujetos procesales al intervenir en audiencia, en razón del principio de publicidad que caracteriza a dicho sistema, así como de las exigencias que el mismo representa en cuanto a técnicas de litigación, habilidades, destrezas y conocimientos jurídicos que deben tener los intervinientes, pues como se ha observado en la praxis judicial, cualquier falla o carencia, ya sea del ministerio público, del defensor o del juez, queda exhibida de forma notoria. Es así como nace la idea de este libro, pues el autor se ha percatado en los diversos cursos, talleres, seminarios, diplomados y maestrías en los que ha participado como docente del sistema acusatorio, que de forma continua e indistintamente de la región del país de que se trate, comúnmente se señala a los agentes del Ministerio Público —considerados en igual intensidad que las policías— como una parte importantísima para el debido y eficaz funcionamiento de los coloquialmente llamados juicios orales, pues sólo así se alcanzará su consolidación. De ahí que al revisar la doctrina existente, tanto nacional como internacional, sobre la materia, se encuentra que la gran mayoría de los autores se han dedicado a orientar y capacitar a jueces y defensores respecto de su labor, no así a los agentes del Ministerio Público, lo cual conduce directamente a la debilidad del nuevo sistema. Por esta razón se presenta este libro, que bajo la metodología de audiencias que caracteriza al sistema acusatorio adversarial explica cada una de ellas en cuanto a los objetivos que deben tener los representantes sociales en las mismas y, de igual manera, en cuanto a cuáles son las técnicas de litigación que tienen a su alcance para alcanzar un desempeño exitoso de su actividad. Estoy convencido de que el fortalecimiento de las habilidades y destrezas de litigación del ministerio público dentro de los juicios orales (así como de la policía y de los peritos en cuanto a su ámbito de competencia) generarán una forzosa evolución de defensores y jueces que, sin lugar a dudas, permitirá la consolidación en México del sistema acusatorio y oral. Para lograr lo anterior, se tomó de la mejor manera como ejemplo a la legislación que llegó a unificar la forma de procurar e impartir justicia en nuestro país, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, instrumento normativo que estimamos logró aglutinar en buena medida las experiencias exitosas de los estados que ya contaban con un sistema acusatorio en su legislación procesal. Por último, sirva este espacio para agradecer la publicación de esta tercera edición al apoyo de José Luis Flores Reyes, quien en un tiempo breve, se ha distinguido como uno de los mejores editores sobre la ciencia jurídica y a quien por su apoyo para este tipo de obras, le reconozco su decidida participación para la consolidación de los juicios orales en México.