El derecho disciplinario ha sido poco explorado en México y recientemente ha sufrido variaciones para adaptarse al contexto del sistema nacional anticorrupción y jurisdiccionarse en lo concerniente a las faltas graves (las no graves se siguen resolviendo en los órganos internos de control). La reforma constitucional del 2015 inauguró un nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos, al que quedan vinculados los representantes elegidos por el voto popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración pública federal o en los organismos constitucionalmente autónomos.