A partir de la inclusión de los derechos humanos en textos constitucionales de los sistemas jurídicos contemporáneos iberoamericanos, los operadores de la norma del ámbito penal adquirieron una gama de compromisos dirigidas a establecer garantías de los derechos, a través de eficientizar y efectivizar los sistemas normativos adjetivos y sustantivos, instituciones, principios y parámetros o directrices basados en el orden jurídico internacional.