El aumento en el uso del juicio de amparo, ya como instrumento de defensa procesal, ya como medio preventivo en materia penal y fiscal, tiene múltiples causas: la desconfianza en las autoridades locales y federales; la certeza de que por medio del juicio de amparo se logrará el respeto a las normas y su debida aplicación; la confianza en que la suplencia de la queja previa en la Ley de Amparo beneficiará a la parte quejosa, incluso ante la falta de conocimientos técnicos requeridos para tramitar un juicio de esta naturaleza; pero, también, se debe a la percepción de que el abuso en la promoción de juicios de amparo resulta impune.