Haciendo un recuento respecto de la transición del sistema penal inquisitivo o tradicional al acusatorio, desde 2007 —año en que se comenzaron a gestar los cambios estructurales para la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal del 18 de junio de 2008—, pasando por los ocho años de vacatio legis —2008-2016— y hasta llegar a la fecha límite para la implementación total en el país —19 de junio de 2016—, hemos caído en cuenta que la legitimación y permanencia del sistema penal de corte acusatorio, adversarial y oral en México no depende sólo de lo que yace escrito en las legislaciones secundarias, protocolos de actuación, acuerdos generales o específicos y demás disposiciones gubernamentales en torno al tema, sino de la concordancia del deber ser con el ser de nuestra sociedad, el acercamiento del organismo facultado para lograr la difusión de la información referente a todo lo que la adopción de este sistema penal requiere y comprende —la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, mejor conocida como SETEC—, pero, sin duda, también de la participación de los operadores jurídicos oficiales y particulares —debidamente capacitados— en todos los niveles de gobierno.