En cualquier momento llamarán a la puerta de una empresa, negociación o establecimiento, servidores públicos designados como auditores o visitadores de alguna Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria o de las Direcciones Generales de Auditoría de las diversas Secretarías de Finanzas del País, con el fin de ingresar a su domicilio ese mismo día y sin la necesidad de dejar un citatorio previo, con el objeto de llevar a cabo una auditoría consistente en verificar y determinar la legal estancia, tenencia, posesión, propiedad o importación de mercancías o maquinaria de procedencia extranjera que se encuentren en el interior del mismo; lo cual le obligará a acreditar con la documentación aduanera (pedimentos de importación, facturas o comprobantes fiscales digitales) que tales bienes fueron introducidos legalmente al territorio nacional. Sin embargo, no siempre resulta ser tan simple, pues si las mercancías son susceptibles de identificarse individualmente, necesariamente los números de serie, parte, marca, modelo, país de origen, deben coincidir exactamente y tal y como se aprecia en tales documentos, y si esto no es así, entonces la autoridad procederá a embargar precautoriamente dichas mercancías de acuerdo con lo establecido en la Ley Aduanera, quedando sujetas a un procedimiento administrativo en materia aduanera, en el cual el interesado deberá acreditar su legal estancia en territorio nacional, y para el caso de que no se consiga, entonces se le determinará un crédito fiscal (cantidad a pagar a favor del fisco) y la maquinaria pasará a propiedad del fisco federal o en su defecto se le determinará una cantidad que deberá de pagar por la imposibilidad de que pase a su propiedad. Ahora bien, el particular cuenta con los medios de defensa para impugnar las determinaciones de la autoridad aduanera, sin embargo ello no le asegurará el éxito para que se declare la ilegalidad del pago que le fue impuesto y que las mercancías no pasen a propiedad del fisco federal