Durante los primeros tres años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, no se ha logrado revertir la tendencia al alza de los índices de impunidad. Como justificante de ello, oficialmente se acusa a la inercia del estado de descomposición social heredado de las dos anteriores administraciones federales, manifiesto principalmente en actos de corrupción del Poder Judicial Federal, sin poner atención y sin señalar siquiera la escasa actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) convertida ahora en Fiscalía, que es el primer órgano procurador de justicia. Solo entre el 2018 al 2021, los índices de impunidad registrados en México han colocado a nuestro país en los primeros cinco de los 100 que registran una mayor deficiencia en la persecución de delitos en todo el orbe.