El proceso penal en México comienza cuando, ante el juez de control y con la presencia del imputado, el Ministerio Público, dentro del contexto de la audiencia inicial, informa a éste que desarrolla una investigación en su contra por un hecho que la ley señala como delito y del cual estima pudo haber intervenido bajo cualquiera de las formas señaladas para ello por la ley penal. De igual importancia es que la comunicación sea verificada en un escenario enmarcado por los principios rectores del sistema acusatorio y en un contexto necesario de protección a los derechos de los intervinientes.