La reforma constitucional en México, vigente a partir de 1995, ha consolidado al poder judicial de la federación y, en especial, a la suprema corte de justicia de la nación como tribunal constitucional a través del perfeccionamiento de los medios de control existentes y de la creación de otros hasta entonces desconocidos, al menos en el derecho positivo nacional. Por medio de las decisiones jurisdiccionales se van sentando las directrices y los alcances de cada uno de tales medios de control, acordes con la filosofía de la época y al método de interpretación jurídica que se adopte. Corresponde al juez constitucional, como interprete de la norma, provocar la eficacia, la reticencia o el abuso de los procesos tendentes a preservar el orden jurídico original.