La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que vienen legislando desde hace varios años– debe aplicar la ley al caso concreto como corresponde, puesto que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deben impedir que la SCJN legisle no sólo a través de los manuales –que luego cita en sus jurisprudencias– y en sus protocolos –que también cita en sus jurisprudencias–, sino en las mismas jurisprudencias.