Según lo previene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la justicia debe ser “pronta y expedita”; prontitud y expedites implican que debe existir una autoridad presta, capacitada y facultada para atender el asunto en la forma establecida; pero, sobre todo, que ésta lleve a la solución efectiva el asunto de manera pública cuanto antes. En México, fueron muchos los reclamos en el sentido de que tales paradigmas constitucionales, prontitud y expedites, no eran cumplidos a cabalidad con el procedimiento penal tradicional eminentemente escrito, puesto que, para cuando el asunto se resolvía, ya había pasado tanto tiempo que el justiciable se sentía doblemente victimizado, por una parte por la comisión del flagelo social que denunció o por el cual fue denunciado; y por la otra, por la tardanza e inefectividad de la autoridad encargada de resolver su conflicto. Atento a lo anterior, es por lo que en México hablar de litigación adversarial a través de un procedimiento oral se ha vuelto un tema obligado, no sólo para aquellos que, de algún modo, tienen alguna vinculación directa o indirecta en la creación de normas jurídicas, en los aplicadores de las mismas; y los profesionales del derecho, sino también, en general, para toda aquella persona que, de alguna u otra manera, tenga implicación en el proceso penal. Por ello, los órganos de gobierno, tanto federal como algunos estatales, han implementado a la fecha un nuevo sistema procesal penal, que les permita hacer más eficiente su sistema de justicia criminal y de seguridad pública, incursionando en nuevas formas de solución de conflictos antisociales, mediante la aplicación de salidas alternas, tales como la mediación, la conciliación, la suspensión de indagatorias y procesos penales, así como causas penales abreviadas, entre otros, incorporando a los textos procesales el denominado proceso penal adversarial, mal denominado juicio oral, todo lo cual tiende a recobrar la confianza perdida de la ciudadanía; y, sobre todo, a dignificar la noble función de la justicia. Con tal motivo, el texto que ahora tiene en sus manos presenta, de una manera sintetizada, clara y sencilla las problemáticas que se tuvieron, y se tienen aún, que enfrentar para la implementación de las reformas, las diferencias procesales entre el procedimiento tradicional penal eminentemente escrito y el que se propone, donde predomina la oralidad; los principios que animan el proceso adversarial; y, sobre todo, las técnicas específicas que se deben dominar para acudir a audiencias penales adversariales, en donde las reglas tradicionales que nos fueron transmitidas en las aulas universitarias varían. No debemos perder de vista que, además del tratamiento de los temas referidos anteriormente, la verdadera utilidad del presente texto es, precisamente, la difusión del sistema adversarial, pues su autor considera que solamente en virtud del conocimiento que del mismo se tenga se lograrán cumplir las verdaderas expectativas que respecto al mismo se tienen.