El incremento de convenios internacionales, en diversas materias, crea un problema objetivo para las legislaciones nacionales, respecto del grado de vinculación, ubicación interna y obligatoriedad de los tratados celebrados. Por ello, surge la necesidad de incorporar constitucionalmente los tratados, especialmente los de derechos humanos, y trasladarlos a la legislación interna, para lograr su validez plena.