El autor nos introduce a la materia del resarcimiento de los daños y perjuicios producidos por el Estado por el actuar irregular de sus agentes que los gobernados no tienen obligación de soportar, la cual es de impronta novedosa en nuestro país, pues anteriormente a la emisión de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado la acción de daños y perjuicios por actos de los servidores públicos implicaba probar, en primer lugar, el actuar irregular de los agentes del Estado, normalmente en vía administrativa, y después, en segundo lugar, en vía civil proceder a la acción de daños y perjuicios, prima facie, contra e Servidor Público en lo particular, y en caso de que éste no tuviera los bienes suficientes para responder por el daño causado en ejercicio de sus funciones, respondía patrimonialmente el Estado. Actualmente, mediante la responsabilidad objetiva del daño creado por el actuar irregular de sus agentes, los gobernados tienen una mayor certeza de que pueden obtener del Estado los resarcimientos en su patrimonio ante un acto irregular y arbitrario que no están obligados a soportar; o bien, que siendo un acto lícito el causante del daño, el Estado está obligado también a su reparación, como cuando un edificio de departamento es cateado porque ahí se tiene la presunción de que se ocultan productos de contrabando, y los demás inquilinos sufren daños como lo pueden ser el forzamiento del zaguán del edificio, o deterioros en las paredes, pisos y elevadores, etcétera, en cuyo caso, no obstante tratarse de un acto lícito, el Estado está obligado a la reparación del daño causado. En esta obra se proponen los caminos y vías que el gobernado puede y debe utilizar para obtener la reparación a los daños sufridos por actos regulares o irregulares en el actuar de los agentes del Estado.