El sistema acusatorio mexicano se ha ido consolidando desde hace varios años a partir de la experiencia y conocimientos que han generado sus propios operadores mediante su diario manejo en las salas de audiencia: primero, desde la óptica de la práctica judicial local de entidades federativas —como Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas o Durango—, las que, entre otras más, comenzaron dicha actividad mediante la aplicación de una legislación procesal penal propia.