Con el aumento de los índices delictivos en nuestro país, el sistema jurídico exige que las actuaciones de policías y corporaciones de seguridad pública, así como los actores dentro del proceso penal, se ajusten a los estándares más altos en materia de protección de derechos humanos, para garantizar una justicia que no sólo satisfaga a las cifras políticas, sino que realmente contribuya a una construcción social progresiva.