En México, la implementación del sistema penal acusatorio marcó un cambio trascendental en la procuración e impartición de justicia. La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación, estableció las bases de este nuevo modelo procesal, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el desarrollo de los procedimientos penales.