La transformación del sistema penitenciario mexicano debe centrarse en garantizar los derechos humanos, mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y asegurar una reinserción social efectiva de las Personas Privadas de la Libertad (PPL). Es fundamental cerrar o destruir los centros penitenciarios obsoletos y considerar nuevas alternativas de gestión, incluida la privatización, siempre que se respeten los principios legales y humanos.