Los drones (RPAS) deben considerarse como nuevos tipos de aeronaves, por tanto, se deben regir por normativa que regule el riesgo de cada operación, ya que el operador es el responsable de su utilización. Sus maniobras deben integrarse en el espacio aéreo, por lo que es preciso desarrollar la tecnología necesaria para lograr este fin, sobre todo atendiendo a criterios de seguridad. España dispone de regulación de uso civil de aeronaves pilotadas por control remoto, según la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, lo que ha permitido el desarrollo del sector con más de 100 empresas habilitadas para trabajar con drones. Esta normativa tiene dos objetivos principales: facilitar su desarrollo y garantizar la seguridad de las operaciones y los derechos de privacidad de la sociedad.