La base constitucional del nuevo sistema de justicia penal para adolescentes reside en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. El enfoque adoptado en dicho precepto los considera como sujetos con derechos fundamentales, incluso cuando se les acuse de haber cometido un hecho que la ley señala como delito. Se trata de una regulación que, sin duda alguna, mejora lo que existía anteriormente y que supone un salto cualitativo desde varios puntos de vista. Con ella, México cumple en cierta medida con lo que disponen distintos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos en la materia. A la reforma de 2005 se sucedieron otras de gran alcance, como la ya citada del 18 de junio de 2008, la cual diseña un procedimiento completamente nuevo para el tema de la justicia penal de adultos. Posteriormente se volvió a reformar el artículo 18 constitucional, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015. En lo relativo al artículo 18 se incorporaron —entre otros— los principios de oralidad para el procedimiento penal de adolescentes, de forma congruente con lo señalado para los adultos en los artículos 19 y 20 constitucionales; en el artículo 73 se faculta al Congreso de la Unión para establecer una legislación única, aplicable en el ámbito nacional, referente a la justicia penal para adolescentes. Contamos con el marco jurídico completo de la nueva justicia penal para menores de edad y es momento de generar las herramientas que permitan aplicarla de la mejor manera posible. Por eso, los autores de esta obra se han dado a la tarea de sistematizar la jurisprudencia respectiva y vincularla a los artículos de la normativa aplicable en todo el país para los adolescentes en conflicto con la ley penal.