El autor de esta obra señala que la ejecución de las sentencias civiles en México, regulada en los Códigos de Procedimientos Civiles de los diferentes Estados de la República, data, por lo que hace al Distrito Federal, de 1932, sin que haya habido, a la fecha, una reforma importante al respecto, por lo cual plantea la necesidad de revisar el tema tanto desde la perspectiva doctrinal como legislativa.