Nuestra constitución, al concebir el proceso penal, lo hace desde los paradigmas que sostienen al estado democrático, por eso lo funda en diversos principios que lo erigen, un princio toral es el de presunción de inocencia, pues para un estado democrático sólo se podrá considerar culpable a alguien que a través de un debido proceso, donde sea oida la persona imputada, éste sea vencido al derrotarse, más allá de toda duda razonable, dicho principio que lo amparaba. Pero para hacer prevalecer el principio de presunción de inocencia durante todas las etapas del proceso se requiere, necesariamente, que se actualice en todo momento otra de las garantías transcendentales para la persona imputada de un delito, esto es, contar con una defensa adecuada. Una defensa adecuada que ya no sólo se debe limitar a la circunstancia de que ésta recaiga en un abogado o licenciado en derecho, como lo exigen los artículos 20 apartado ?A? fracción VIII y 17 de nuestra constitución y del CNPP respectivamente, sino que en forma extensiva, y como garantia procesal, se le debe exigir un conocimiento sistemático no sólo del proceso penal, sino también de la dogmática penal (artículo 121 CNPP), pues debe tenerse presente que el CNPP no sólo comprende las categorías procesales, sino también penales, ya que la consecuencia de no contar con ella obliga al órgano jurisdiccional a advertir al acusado para que se designe a otro. De ahí la importancia de proporcionar este tipo de herramienta para que, desde la práctica adquirida como juzgadores, se comparta con el medio de abogados o licenciados en derecho, que ejercen diariamente el cargo de defensor en los tribunales del país, el poder instruirse en el manejo sistemático del procedimiento acusatorio adversarial, pero también de aquellas categorías de carácter sustantivo que pueden resultar aplicables en los casos penales que defienden.